Una nueva hoja de ruta para los negocios de energía verde

La crisis, el recibo de la luz y las crecientes primas han justificado una reordenación de las renovables.

El sistema eléctrico y la cuestión de las renovables se han convertido en un dilema que, sin ser el mayor ni el menor de los que enfrenta el Gobierno, tiene una de las más dificultosas soluciones. Se trata de repartir una tarta menguante, la del consumo eléctrico, entre las distintas fuentes de producción y acertar. Si bien, sobre el papel, se puede dividir con mayor o menor acierto en función de las distintas prioridades, lo cierto es que debajo del debate subyacen los intereses de múltiples empresas que necesitan saber. “Un marco estable a largo plazo“, reclaman en múltiples foros. La pelea, antes sólo adivinada, se ha hecho pública y feroz en los últimos meses.

Las espadas están en alto desde el momento en que las energías renovables dejaron de ser residuales en la generación eléctrica española. El año pasado, su contribución a la demanda energética española superó el 30% y en el caso de la eólica, ha llegado a suponer hasta el 35% del mix eléctrico en solitario. Los compromisos europeos marcan que el 20% del consumo eléctrico español ha de provenir de generación con energías renovables en 2020. Los planes del Gobierno comunicados a Bruselas estiman que la contribución renovable para ese año alcanzará el 22,7%. Menos espacio para las energías convencionales.

Frente a esta apuesta, el régimen eléctrico actual tiene un problema con visos de agujero negro que amenaza con tragarse cualquier política. El Gobierno de Aznar creó hace 10 años lo que hoy se conoce como déficit de tarifa y que permitía contener el precio de la luz frente al alza de la inflación y otros componentes. Es una deuda de los consumidores con las eléctricas, garantizada por el Estado, porque lo que se abona por el consumo no paga los costes de generación. Este crédito se ha disparado por la contribución de las primas para las energías renovables y la cogeneración, que también se paga con las llamadas tarifas de acceso. El Gobierno quiere acabar con él para 2013.

Además, en concreto, el dedo acusador apunta desde muchos sectores a la energía solar fotovoltaica, que, mientras sólo cubre un 4% de la demanda, recibió más de 2.600 millones de los 6.200 repartidos en retribución al régimen especial. En los seis primeros meses ha recibido el 31% del monto total de las primas, 3.508 millones, frente a la eólica, que ha recibido el 29%. En España, hay instalados 3.403 megavatios (MW) de energía solar fotovoltaica y unos 19.148 MW de eólica a cierre de 2009. Los planes gubernamentales implicaban que, en 2010, hubiera instalados en España unos 400 MW de fotovoltaica y unos 20.155 MW de energía eólica.

Para evitar una escalada de instalaciones fotovoltaicas, el Gobierno redujo las tarifas e introdujo un sistema de control de la potencia anual que entraba en la red. Este sistema también se utilizó un año después para la energía eólica y la solar termoeléctrica. Aunque los eólicos se han quejado siempre de lo “innecesario” de la norma porque iban a cumplir escrupulosamente con el objetivo marcado, lo cierto es que en el caso de la termoeléctrica, también se va a superar el objetivo. La planificación de su propio registro de preasignación supone que en 2010 haya 861 MW instalados de energía termosolar frente a los 500 MW que eran el tope marcado.

Pero el déficit no deja de crecer. Si bien el desfase aún no alcanza los más de 4.000 millones del año pasado, desde luego no se va a ajustar a 3.000 millones, como ya prevé la CNE. No es un problema con una solución a futuro sino una carga con la que ya se vive. Lo más evidente, según se empezó a debatir, era recortar las primas a las instalaciones de renovables en funcionamiento. ¿Cómo, si no, se recortaría la deuda? Y ahí estalló la guerra.

Los sectores eléctricos rechazaban esta retroactividad por inconstitucional y por la “inseguridad jurídica” que provocaría para la inversión en los sectores regulados. Pero era el único punto en común. A partir de ahí, las representantes de los combustibles fósiles acusaban a las renovables, los de las tecnologías limpias se reprochaban la inmadurez de unas frente a la estabilidad de las otras y las negociaciones con el Gobierno en busca de una nueva norma se hacían eternas. Además, los fotovoltaicos, los más señalados de nuevo, adujeron que en el sistema eléctrico en general se daban una serie de ineficiencias que, de corregirse, ahorrarían más que el recorte de primas.

De repente, el Gobierno y el PP decidieron aliarse en la revisión de los costes del sector. La apertura de esta negociación coincidió con un pacto entre ambas partes para suspender en julio la subida de la tarifa de la luz, en la que, según los cálculos de Industria, tendrían que haberse acomodado los precios a un incremento del 10% de los costes regulados. Poco después, eólicos y termosolares llegaron a un acuerdo con el Gobierno y cerraron en buena parte su inseguridad. Falta la aprobación del Consejo de Ministros de estas normas. Para la energía solar fotovoltaica, se aprobó una norma de lucha contra el fraude y quedó redactado el marco a futuro para las instalaciones, si bien también está pendiente de aprobación.

Pero ha quedado para septiembre la gran incógnita: si de verdad se reformará el sistema eléctrico, enfrentando la situación de la nuclear y la hidráulica, o si el pacto PP-PSOE sólo valdrá para limitar a las renovables.

El déficit de tarifa crece un 20% más de lo previsto

El déficit de tarifa subió un 19,42% por encima de lo presupuestado hasta junio de 2010. Según la sexta liquidación provisional del sector realizada por la Comisión Nacional de la Energía (CNE), esta deuda, contraída por los consumidores con las eléctricas, ascendió a 2.256,39 millones de euros en los seis primeros meses del año, es decir, 1.889,42 millones más de lo que estaba previsto, según recogía EP.

Para el conjunto del año, la CNE cifra en 3.190 millones de euros su previsión, 190 millones de euros por encima del límite de 3.000 millones de euros fijado por el Gobierno. El año pasado se cerró con un desajuste de 4.616 millones de euros.

En cuanto a las primas al régimen especial, que incluyen a las renovables, la CNE cifra en 3.508,58 millones de euros las ayudas destinadas en el primer semestre del año, un 19% más de lo previsto. Esta cantidad es mayor, entre otras cuestiones objetivas y según la CNE, porque ahora las primas se liquidan en 12 mensualidades en vez de en 14.

A través de lo recaudado por las tarifas de acceso, cuyo importe total en los seis primeros meses ascendió a 5.516,26 millones, se pagan, no sólo las primas a las renovables sino también las llamadas actividades reguladas como son el transporte, la distribución de la electricidad o la calidad del servicio. Con lo sobrante, se reconocen importes para las deudas de años anteriores. El Gobierno quiere que desaparezca en 2013.

¿Modernización o proliferación legislativa?

EVOLUCIÓN NORMATIVA

Hasta la fecha, el Gobierno español ha publicado casi una veintena de leyes y reales decretos para la regulación directa o vinculada a las energías renovables. Los albores se remontan a los años 80, cuando la segunda crisis del petróleo desató una preocupación por la eficiencia energética y la reducción de la dependencia del exterior. Una década después se consolidó el concepto del Régimen Especial, que incentiva el volcado en la red eléctrica de la energía procedente de fuentes renovables o cogeneración. Desde entonces, e impulsada por las estrategias de la UE contra el cambio climático, la normativa pertinente se ha ido derogando, ampliando o incluso solapando, frente a los temores del sector hacia una posible retroactividad.

MARCO ACTUAL

A la espera de un pacto energético definitivo que dé lugar a nueva normativa, hoy rigen fundamentalmente cuatro reales decretos:

RD 661/2007, referente a la producción de energía eléctrica en régimen especial.

RD 1578/2008, que modifica al primero en retribución específica de la solar fotovoltaica.

RD 6/2009, que implanta un mecanismo de preasignación de las retribuciones para controlar el cumplimiento de los objetivos planificados.

RD 1003/2010, para la detección de instalaciones fotovoltaicas fraudulentas.

SUELO Y TECHO

El RD 661/2007 sobre producción eléctrica sustituyó a su homólogo de 2004 e introdujo unos límites superior e inferior (techo y suelo) en la prima de referencia para las renovables que participen en el mercado. Vincula la actualización de las tarifas, primas y complementos a la evolución de factores como el IPC o el precio del gas natural, en sustitución del modelo anterior de la Tarifa Media o de Referencia. Establece también un aval para el acceso a la red de distribución, antes sólo exigible en la de transporte.

EL BOOM SOLAR

El Plan de Energías Renovables 2005-2010 tenía marcado un objetivo de 400 megavatios (MW) para la potencia instalada en solar fotovoltaica. Sin embargo, a día de hoy se contabilizan cerca de 3.500 MW, casi nueve veces la meta fijada. A fin de remediar el efecto burbuja del generoso RD 661/2007 con la fotovoltaica, se promulgó el RD 1578/2008 para nuevas instalaciones. Éste las clasifica en varios tipos y subtipos para asignarles un determinado cupo de potencia que se concede en convocatorias anuales. En el caso de completar los cupos, se reducen las tarifas decretadas de forma paulatina hasta un recorte del 10% por año.

EL PRERREGISTRO

Ante la incidencia de las primas del régimen especial sobre el déficit tarifario, y en el contexto de la crisis financiera internacional, se plantea instaurar un mecanismo de control de los nuevos proyectos. Así, el RD 6/2009 crea un “Registro de pre-asignación de retribución” que ha de recoger el cumplimiento o no de los requisitos legales y de los objetivos previamente marcados.

LA LEY ANTIFRAUDE

Las últimas medidas en materia de renovables vienen a poner freno a las anomalías descubiertas en la asignación de primas a la solar fotovoltaica. El RD 1003/2010, aprobado a principios de este mes, identifica y sanciona a los beneficiarios acogidos al RD 661/2007 que no tenían instalados todos sus paneles fotovoltaicos a 29 de septiembre de 2008, día de entrada en vigor del RD 1578/2008. El funcionamiento normal de las centrales a tal fecha era condición necesaria para la aplicación del sistema retributivo anterior.

PRIMAS VIGENTES Del RD 661/2007:

Eólica: hasta 7,32 céntimos de euro por kilovatio hora (kWh) durante los primeros 20 años.

Solar termoeléctrica: 26,94 céntimos por kWh para los primeros 25 años.

Biomasa y biogás: hasta 13,06 céntimos por kWh para los primeros 15 años.

Pequeña hidroeléctrica: 7,8 céntimos por kWh para los primeros 25 años.

Geotérmica: 6,89 céntimos por kWh para los primeros 20 años.

Del RD 1578/2008, para solar fotovoltaica:

En cubiertas: 34 céntimos por kWh en sistemas de hasta 20 kW de potencia; 31 céntimos por kWh en sistemas de 20 kW a 2 MW de potencia.

En suelo: 32 céntimos por kWh para sistemas de hasta 10 MW de potencia.

EL PACTO ENERGÉTICO

El Ministerio de Industria sólo ha conseguido llegar a un acuerdo con el sector eólico y el termosolar. A los primeros se les recortaría un 35% de las subvenciones hasta 2013, en proyectos comisionados entre 2007 y 2012. Se pone también un límite de 2.350 horas al tiempo susceptible de recibir primas. Por su parte, los proyectos termosolares registrados en 2009 se retrasarán un año.

Fuente: Cinco Días

Artículo interesante, no obstante tiene varios puntos que deben ser comentados.

“Se trata de repartir una tarta menguante”. Se refiere a la producción de electricidad. Es cierto que las medidas de ahorro y eficiencia empiezan a surtir efecto, pero el descenso de consumo eléctrico viene motivado sobre todo por la reducción de la actividad industrial y los servicios como consecuencia de la crisis. El consumo volverá a verse incrementado.

“Los compromisos europeos marcan que el 20% del consumo eléctrico español ha de provenir de generación con energías renovables en 2020”. Aquí se produce un error de concepto. Los objetivos marcados no son conseguir un 20% de la electricidad con Energías Renovables en 2020, sino un 20% del consumo primario de energía, entre el que se incluye por ejemplo el transporte, dónde la aportación de estas fuentes alternativas deberá ser como mínimo del 10%. Para llegar por tanto a ese 20% de energía primaria, la aportación de las Renovables al mix eléctrico debe de estar muy por encima del 20%.

“Lo que se abona por el consumo no paga los costes de generación”, haciendo referencia al déficit tarifario. No nos cansamos de repetir que debe pagarse por la electricidad lo que realmente cuesta, el problema es que el incongruente y opaco diseño del mercado eléctrico no facilita nada su clarificación.

“Este crédito se ha disparado por la contribución de las primas para las energías renovables y la cogeneración, que también se paga con las llamadas tarifas de acceso”. Ya vimos en Incongruencias del sistema tarifario del Mercado Eléctrico Español cómo su propio diseño motiva que el importe pagado en concepto de primas al Régimen Especial reduce el precio mayorista de electricidad. Por tanto, es un error conceptual culpar a este régimen del incremento de tarifas. El problema radica realmente en que esta reducción de costes no se nos repercute a los clientes finales, beneficiándose de ello únicamente las compañías distribuidoras y las comercializadoras.

En cuanto a la inclusión de las primas a la generación eléctrica en Régimen Especial dentro de las Tarifas de Acceso, ya vimos en Justificación de la Propuesta al Ministro Sebastián que estamos ante una errónea imputación de costes del sistema, puesto que deberían incluirse dentro de la partida de Costes de Generación, como lo que realmente son. Este hecho ya ha sido advertido al Ministro por medio de una Carta promovida en este Blog.

Las primas vigentes a la generación con tecnología solar fotovoltaica son erróneas. Las que se aplican en la actualidad son las correspondientes a la Cuarta Convocatoria de 2010 y publicadas por el MITyC en la Resolución de la Tercera Convocatoria de 2010, muy por debajo de las referenciadas en este artículo.

“El Ministerio de Industria sólo ha conseguido llegar a un acuerdo con el sector eólico y el termosolar. A los primeros se les recortaría un 35% de las subvenciones hasta 2013”. Es cierto que se llegó a un acuerdo con estos dos sectores, pero decir que a la eólica se le recortan las “subvenciones” un 35% es alejarse completamente de la realidad. Si la eólica terrestre recibió en 2009 primas por valor de unos 1.600 millones de Euros, una reducción del 35% supondría un recorte de 560 millones de Euros. No obstante, un artículo de este mismo diario económico Cinco Días, ya advirtió que Las eléctricas cifran el recorte de las primas eólicas en sólo 2,4 millones de Euros, lo que correspondería tan sólo al 0,15%.

Si bien este cálculo no puede considerarse plenamente objetivo teniendo en cuenta los intereses de las compañías que lo han comunicado, en orden de magnitud sí está encaminado. El motivo es que esta medida sólo afectaría al 17% del parque eólico nacional que vende su producción en el “pool” (Mercado Mayorista de la Electricidad) dentro de unas bandas de precios, cobrando generalmente el mínimo, 75,41 €/MWh que se les respeta. Este supuesto “acuerdo” no tiene consecuencias económicas relevantes en la práctica, tratándose de una acción de márketing encaminada a seguir demonizando el sector fotovoltaico tachándolo esta vez de intransigente.

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