La conclusión de las reuniones mantenidas el jueves entre las productoras de renovables y el ministro de Industria es que éste quiere recortar las primas que reciben en 2.500 millones. El mecanismo, que el ministro no desveló, sería la fijación de un precio regulado con una rentabilidad “razonable” y un periodo de convergencia de dos años.

El Ministerio de Industria pretende recortar las primas de las energías renovables en 2.500 millones de euros respecto a los más de 6.000 millones en que se situaron estos incentivos en la tarifa del año pasado, según fuentes empresariales. Así se lo transmitió el titular del departamento, Miguel Sebastián, a las distintas asociaciones con las que se reunió el pasado jueves, a las que preguntó qué parte del recorte estarían dispuestas a asumir cada una.

En los encuentros sucesivos celebrados ese día participaron las asociaciones de productores fotovoltaicos (APPA, ASIF y AEF); la de empresas eólicas (AEE) y las termosolares (Protermosolar). Sebastián justificó la rebaja en la necesidad de poner coto a unos incentivos, que, en su opinión, ponen en peligro el objetivo de acabar con el déficit de tarifa que, el año pasado, superó los 3.500 millones de euros que permitía la ley para ese ejercicio, hasta 4.616 millones de euros, a los que hay que restar 372 millones del coste del CO2 detraído a las empresa en 2009.

El mecanismo del polémico recorte de las primas ha sido elaborado por el equipo de Sebastián y ya figura en un borrador preliminar de real decreto, a cuyo contenido ha tenido acceso CincoDías. Se trata de fijar una retribución distinta a la actual para todas las tecnologías de renovables, aunque la medida afectaría en mayor medida a la termosolar, seguida de la fotovoltaica y de la eólica.

La retribución no estaría ligada a los precios del mercado (como ocurre ahora con la eólica) sino a una rentabilidad “razonable“. Se trata de un sistema de retribución similar al de Enagás y Red Eléctrica, cuya rentabilidad se determina en función de la evolución del bono a 10 años. Con todo, la de las renovables sería mejorada respecto a éstas, según fuentes próximas al Gobierno conocedoras de la propuesta.

Una de las consecuencias del nuevo sistema es que la amortización de la inversión de las instalaciones fotovoltaicas (hay más de 51.000 en funcionamiento), que se sitúa ahora en unos siete años, se alargaría en el tiempo. El problema se agrava, según fuentes del sector, en el caso de las plantas que han cambiado una o varias veces de manos, lo que ha provocado un encarecimiento de la inversión y, por tanto, una burbuja.

La propuesta de Industria incluye un periodo transitorio de unos dos años, al final de los cuales, se produciría la convergencia de las retribuciones.

En estos momentos, cada una de las tecnologías tiene un sistema de incentivos distintos: la termosolar y la fotovoltaica recibieron en 2009 entre 240 y 430 euros MWh, en tanto que la eólica tiene la opción de ir al mercado, cobrar el precio que éste marque y, el resto, hasta 30 euros MWh, lo reciben como prima. También tienen un suelo, por debajo del cual (como ha sucedido este año) también son compensadas.

Una rebaja para todas las instalaciones

El borrador de real decreto que maneja el Ministerio de Industria va acompañado de un informe en el que se demuestra que la medida (retroactiva, según entienden las empresas, pues afectará a todas las instalaciones en funcionamiento) es “jurídicamente impecable“.

Las tesis estarían en línea con las manifestadas esta misma semana en unas jornadas celebradas en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) por el magistrado del Tribunal Supremo Manuel Campos, que ha actuado como ponente en las sentencias más relevantes del área de Energía y Competencia de la sala contencioso administrativo del alto tribunal. Suyos son los fallos sobre los dos reales decretos del régimen especial y la de 2009 sobre las primas a la cogeneración.

Campos aseguró en la CNE que en todos los sectores hay un riesgo regulatorio y “es un factor con el que hay que contar en un sistema liberalizado” como el energético. En este sentido comentó que “la regulación en España no obedece a relaciones contractuales o concesionales, sino a la posición de supremacía del poder reglamentario. Por tanto, la seguridad jurídica hay que considerarla sólo desde la óptica de los derechos adquiridos“. Estos, según el magistrado, se refieren a los derechos que ya han entrado en el patrimonio del administrado (primas cobradas) pero no a los que están por entrar (incentivos por cobrar).

Esta “legitimidad” es a la que apela Industria para cambiar la retribución a todas las plantas. Además, si se pone coto a que entren nuevas, un recorte no retroactivo no serviría de nada. No obstante, para Manuel Campos la rebaja de los incentivos sólo se puede hacer siempre que se respete “un rendimiento razonable“. Además, recordó que dos sentencias (de octubre y marzo de 2007), aceptaron “la posibilidad de trato diferenciado a las distintas renovables“.

Pese a esta jurisprudencia, las empresas ya han advertido que no renunciarán a acudir al Supremo si se cambia la regulación.

Recorte o freno de un incentivo fuera de control

La propuesta de Miguel Sebastián de recortar las primas de las renovables es técnicamente impropia, ya que, en algún caso, como la eólica, el incentivo está ligada al precio del mercado, por lo que, en un año con precios hundidos, como ha sido éste, la prima se ha encarecido, pero también podría bajar por sí sola si el precio se recuperara.

El objetivo del Gobierno es fijar “una retribución razonable“, si bien las presiones de los distintos lobbies empresariales sobre el ministro de Industria podrían dar al traste o edulcorar las medidas. De hecho, distintas fuentes del sector desconfían que “sea capaz de vencer las presiones y aplicar las medidas con todas sus consecuencias“.

Además, las mismas fuentes consideran que sería necesaria una reforma drástica, más allá de las que planteó a los grupos parlamentarios, para atajar, como se pretende la sangría del déficit de tarifa.

Fuente: Cinco Días

Vamos por partes, tratando cada punto.

Recorte de 2.500 millones de Euros a las primas del Régimen Especial

El Régimen Especial comprende una serie de tecnologías de generación eléctrica que por determinados beneficios que aportan están incentivadas y su remuneración varía respecto al sistema de fijación de precios establecidos por la oferta y la demanda del Régimen Ordinario en el Mercado Eléctrico Mayorista (“pool”). Estas tecnologías son:

1. Cogeneración a gas
2. Energías Renovables no consumibles
3. Residuos Sólidos Urbanos
4. Tratamiento y reducción de residuos agrícolas, ganaderos y residuos

El año pasado se pagaron 6.215 millones de Euros en concepto de primas a este Régimen Especial, de los cuales unos 5.800 millones de Euros correspondieron a las Energías Renovables, incluidos los 2.688 millones de Euros a las tecnologías solares, es decir, fotovoltaica y termosolar.

Pretender un recorte de 2.500 millones de Euros supondría reducir el coste en primas del año pasado un 40%. Pero… ¿cómo? Según reza el artículo, atacando sobre todo a la termosolar para continuar con la fotovoltaica y la eólica.

Tal y como vimos en Sebastián descarta un recorte retroactivo de las primas a las renovables, las primas a la termosolar, por su escasa implantación, rondan los 400 millones de Euros, por lo que un fortísimo recorte retroactivo sobre esta tecnología apenas tendría trascendencia sobre los objetivos planteados. En este escenario, habría que reducir las primas de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas un 40%. ¿Semejante recorte permitiría una “rentabilidad razonable” de las inversiones ya desembolsadas?

Un recorte del 40% a las primas de las Centrales Solares Fotovoltaicas en funcionamiento que se acogieron en su día a la seguridad jurídica que les confería el RD 661/2007 supondría bajar la prima media desde los 467 €/MWh hasta los 280 €/MWh (tarifas equivalentes a las de la Primera Convocatoria de 2010 para las instalaciones de Tipo II). Estas tarifas a día de hoy son viables, pero debido a los precios de los materiales, módulos fotovoltaicos sobre todo, no conseguían hacer rentable este negocio en 2008. Una bajada de semejante calibre no permitiría una “rentabilidad razonable“.

Sistema de retribución propuesto

Según este artículo, en la posible propuesta “se trata de un sistema de retribución similar al de Enagás y Red Eléctrica, cuya rentabilidad se determina en función de la evolución del bono a 10 años. Con todo, la de las renovables sería mejorada respecto a éstas“.

Tal y como nos describe el Análisis de Renta Variable de Enagás de abril 2007 elaborado por Ahorro Corporación Financiera, los ingresos de regasificación se calculan en función del valor de la inversión descontando amortizaciones, la vida útil de la instalación, la rentabilidad del Bono a 10 años sumando un diferencial de 3,5%, y los costes de operación y mantenimiento. Es decir, las inversiones, permiten recuperar lo invertido y los gastos operativos, y arrojan una rentabilidad 350 puntos básicos por encima del Bono a 10 años que hoy se sitúa en 4,093%.

Veo muchos aspectos que complican “fusilar” esta formulación, pero no sé si lo que se pretende es desligar la rentabilidad de la inversión de la producción, algo que sería desastroso desde el punto de vista de la eficiencia.

Justificación del recorte de primas

“Sebastián justificó la rebaja en la necesidad de poner coto a unos incentivos, que, en su opinión, ponen en peligro el objetivo de acabar con el déficit de tarifa“. Debo recalcar: “EN SU OPINIÓN“. ¿Realmente es su opinión y no se entera de cómo va la música? Pues me extrañaría…

Tal y como vimos en Incongruencias del sistema tarifario del mercado eléctrico español, durante el año 2009, en el que las primas al Régimen Especial alcanzaron los 6.215 millones de Euros, la electricidad, incluyendo estas primas, fue mucho más barata que en el año 2008 (-19%), o incluso que en 2006 y 2005. LAS PRIMAS AL RÉGIMEN ESPECIAL NO SON LAS MÁXIMAS RESPONSABLES DEL MANTENIMIENTO DEL DÉFICIT TARIFARIO. El verdadero responsable es la estructura de nuestro mercado eléctrico, acabar con el déficit tarifario requiere su replanteamiento y rediseño.

¿Qué está pasando?

En primer lugar, existen presiones de los lobbies del gas, con Gas Natural a la cabeza. La bajada de demanda eléctrica, unida al incremento de producción de la hidráulica y eólica, ha propiciado un descenso importante de la oferta de los ciclos combinados. Para acceder a precios competitivos, es necesario cerrar compromisos de compra de esta materia prima con la suficiente antelación, lo que deja poco margen de maniobra.

Además, tenemos a las eléctricas apretando, exigiendo que les “devolvamos” su déficit eléctrico, tal y como demostró Ignacio Sánchez Galán en sus declaraciones.

No obstante, tal y como expresa este artículo, una medida de recorte de primas afectaría necesariamente también a la energía eólica, algo que choca frontalmente con los intereses de empresas como Iberdrola Renovables, que forma parte del lobby eléctrico.

No he visto el supuesto borrador de Real Decreto, por lo que me cuesta tener una opinión fundada al respecto, pero no descarto en absoluto que pueda ser un “tirón de orejas” al lobby eléctrico. De tocar las primas, habría que revisarlas todas.

“Distintas fuentes del sector desconfían que “sea capaz de vencer las presiones y aplicar las medidas con todas sus consecuencias”“. En el artículo Sebastián descarta un recorte retroactivo de las primas a las renovables vimos 6 razones de enorme peso por las que una bajada de primas a las instalaciones en funcionamiento tendría consecuencias desastrosas y difícilmente medibles a priori. Sin ir más lejos, las constructoras ya han amenazado el Plan de Infraestructuras de Fomento.

No debemos obviar además que una bajada de tarifas/rentabilidad presenta importantes dificultades jurídicas.

Por otro lado, veo ciertas incongruencias en lo expuesto en este artículo. Una de ellas es: “Una de las consecuencias del nuevo sistema es que la amortización de la inversión de las instalaciones fotovoltaicas (hay más de 51.000 en funcionamiento), que se sitúa ahora en unos siete años, se alargaría en el tiempo“. No cabe duda que a día de hoy, los costes de la fotovoltaica han bajado mucho, y las amortizaciones de las inversiones sí se sitúan en torno a los 7 años. Pero esto no sucede con aquellas que se acogieron al RD 661/2007. Nadie se opone a una bajada de primas para las instalaciones futuras, es algo necesario. Pero una medida de este calado no debe de afectar a las instalaciones en funcionamiento.

En mi opinión muchas de las cosas comunicadas por este artículo no cuadran. Deseoso estoy de ver el borrador de la propuesta del Ministerio, entendiendo que exista.

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