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Inseguridad jurídica
Los productores de renovables se quejan de la inseguridad jurídica que supone el cambio de marco económico que están sufriendo. Las autoridades parecen someterles a un sistema de ‘prueba y error’. Ocurrió con la eólica y ahora con la fotovoltaica.
La aprobación del Plan de Energías Renovables (PER) por el Gobierno socialista estableció en el año 2005 un fuerte incremento en la retribución del régimen especial. Y el pasado 25 de mayo un nuevo decreto confirmó los aumentos a percibir por las renovables.
Con tales expectativas, los proyectos de instalaciones fotovoltaicas se dispararon. Frente al 30% de incremento anual previsto para cumplir los objetivos, el crecimiento del 2006 fue del 123%.
Y así ocurrió que, el pasado septiembre, la Comisión Nacional de la Energía certificó que se habían superado los 315 MW de potencia instalada de energía solar fotovoltaica con años de adelanto.
Esa cifra representa el 85% del objetivo del PER para el 2010, y era el listón propuesto para introducir cambios en el objetivo de potencia instalada y en la futura retribución.
El Ministerio de Industria justifica tantas modificaciones en la necesidad de adecuar los planes de un sector por el que se ha apostado de firme. En un año tan próximo como el 2005, el peso de las renovables en la energía primaria era en España del 5,9%, y a finales de este año habrá subido al 8,2%. Todavía está lejos el objetivo del 12%, pero este avance se está produciendo en momentos en que la demanda ha crecido a ritmos del 4% al 5% anual, lo que ha obligado a redoblar el esfuerzo.
Industria trabaja en un nuevo plan de acción de renovables en el que los desajustes serán menores. Entre otras cosas porque se prevén ligeros descensos anuales de la demanda a los que colaborará la eficiencia energética, esto es, un menor consumo de energía por unidad de producto.
Fuente:
La verdadCopyright 2006 - 2011 Jumanji Solar
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